Desde la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, se han aprobado diversas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos que han resultado insuficientes. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, muchos acuden a los Tribunales alegando la situación imprevisible causada por la crisis COVID-19 y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, especialmente en los locales de negocio ante el cierre o recorte en su aforo. Así pues, presentamos un análisis exhaustivo de las sentencias sobre esta cuestión. Por un lado, aquellas que afectan concretamente a los contratos de arrendamientos, mostrando los primeros Autos de los Juzgados de 1.ª Instancia, admitiendo o no las medidas cautelares solicitadas. Por otro lado, las resoluciones referidas a otro tipo de contratos, en su gran mayoría del Tribunal Supremo, cuya argumentación resulta sumamente interesante para preparar y alegar motivos en la demanda.

La declaración del estado de alarma decretada por el Gobierno para hacer frente a la pandemia ha restringido los derechos básicos de los españoles, empezando por la libertad de circulación por el territorio nacional. Sin embargo, a los tres meses de decretarse, ya se habían producido 1,2 millones de propuestas de sanciones a ciudadanos por burlar las medidas del estado de alarma y 9.000 detenciones por ese mismo motivo. Con todo, el modelo sancionador elegido dista mucho de ser el adecuado en relación con las conductas perseguidas, al haberse optado por la normativa sobre seguridad en detrimento de las leyes sectoriales de carácter sanitario. En esta monografía, se realiza un análisis del sistema sancionador durante la pandemia, así como del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

En la presente selección analizamos en un solo volumen la jurisprudencia que ha fijado doctrina emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre 2016 y 2019 y que afecta a cuestiones que abarcan toda la temática del Derecho administrativo, incluyendo también otros ámbitos, como el Derecho tributario y fiscal, Extranjería, Protección de Datos o Derecho del Consumo.
Comprende más de 370 pronunciamientos que han presentado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, facilitando la búsqueda sobre cuestiones que pueden surgir en torno a esta materia, ya que cuenta con un completo índice por conceptos, un título-resumen, elaborado por especialistas, y los extractos literales con los fundamentos de derecho más significativos.

La posibilidad de instalar un ascensor, pese a no ser necesario para la supresión de barreras arquitectónicas, la construcción de plazas de garaje o trasteros, el acuerdo de contar con un nuevo servicio de consejería o portería, incluso la construcción de una piscina, se pueden considerar servicios comunes que, en principio, podrían ser de interés general, por lo que para su adopción habría que estarse a las mayorías fijadas en la LPH.
No obstante, no siempre es sencillo determinarlo. En ocasiones, habrá de estar al supuesto específico, como lo muestran las sentencias seleccionas en este estudio, en el que, además, podemos encontrar resoluciones que se han pronunciado sobre otros aspectos relacionados. Así, una vez adoptado el acuerdo, ¿obliga a todos al pago?, ¿existe posibilidad de exoneración?, ¿deberán soportar los comuneros cualquier servidumbre? y, en su caso, ¿cuándo procederá una indemnización?, ¿se considera esta como gasto común?, ¿quiénes podrán beneficiarse de las posibles subvenciones concedidas a la Comunidad?

Los arts. 806 a 811 del Capítulo II del Título II del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811) y comprende, en realidad, dos procedimientos diferentes: el de formación de inventario y el de liquidación en sentido estricto, con una variante más para el régimen de participación.
Nos encontramos, sin duda, ante una de las regulaciones más complejas de toda la LEC, por lo que ha sido y seguirá siendo fuente inagotable de resoluciones judiciales y de opiniones que hay que conocer.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

Esta obra ofrece una amplia panorámica de comentarios sobre la jurisprudencia de los dos grandes Tribunales europeos ?el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)? desde la perspectiva de nuestro Derecho interno.
Es un honor para sepín recopilar, por tercera vez, las comunicaciones presentadas en el tercer encuentro anual del Spanish Hub del European Law Institute, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 9 de mayo de 2018, donde juristas de prestigio dedicados a diversas profesiones analizaron distintas sentencias, tanto del TJUE como del TEDH, y destacaron qué hay de novedoso en ellas para el Derecho español.
No se trata de la publicación de unas meras actas de un congreso, sino de trabajos de investigación resultantes de la contraposición de ideas con expertos, a menudo de campos y perfiles distintos.
Dada su extensión, se ha dividido en dos volúmenes: en el primero, se incluyen los trabajos sobre Derecho civil y Derecho procesal civil, y, en el segundo, el resto.

La problemática penal urbanística es el tema que el autor aborda, en este libro, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Pero no solo se refiere a los delitos propiamente urbanísticos y a las disposiciones comunes del Título XVI del Libro II del Código Penal, sino que también hace referencia a otros íntimamente relacionados con ellos como el delito de desobediencia.
A través de muchos ejemplos reales que ha vivido como consecuencia de su ejercicio de Fiscal, trata de dar respuestas precisas a problemas concretos. Es el caso, por ejemplo, de la demolición, del error o del decomiso. El libro recoge la práctica totalidad de la jurisprudencia penal relevante en esta materia y, también, en relación con los delitos urbanísticos de normas penales en blanco, hace unas interesantes reflexiones de cuestiones fronterizas con el derecho administrativo como es la prejudicialidad. Para finalizar, estudia cuestiones procesales relacionadas con estos delitos como la legitimación o la conexidad.
Un libro completo y útil para juristas y no juristas, como arquitectos o policías, o para quienes se dediquen al complejo tema del urbanismo.

Esta es la primera monografía del grupo de investigación procesal EADEP (Estudios Avanzados de Derecho Procesal), fundado y dirigido por el Profesor Juan-Luis Gómez Colomer. En ella se analizan diversas cuestiones relacionadas con la instrucción del delito, debido, en primer lugar a la complejidad de la criminalidad actual, sobre todo la organizada; en segundo lugar, a la inutilidad de la LECrim. para afrontar los problemas que plantea esa delincuencia, y, por último, a la homogeneización y armonización, al menos en la Unión Europea, de las normas procesales penales. Mediante los temas tratados, los autores quieren ser de utilidad para la realidad práctica y motivar una serena reflexión, especialmente en estos momentos en los que vuelve a hablarse de que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es posible en la España actual.